Acciones para la Prosperidad e Innovación
ONU México en Acción 2022
ONU México | Abril 2023
En 2022, la ONU en México ha apoyado los esfuerzos nacionales de política económica que generen el bienestar de la población y el ejercicio de sus derechos, objetivo primordial del área de trabajo para la Prosperidad e Innovación.
Desde esta área, la ONU México trabaja junto a actores estatales para estimular un crecimiento económico sostenible e inclusivo con igualdad de oportunidades y trabajo decente, especialmente para mujeres, mujeres trabajadoras del hogar, indígenas, rurales, juventudes, personas en movilidad, entre otros grupos de población vulnerable.
Las acciones para la prosperidad e innovación contemplan contribuir a que el Estado mexicano fortalezca procesos de planificación para el desarrollo sostenible a partir de las necesidades y oportunidades de las regiones del país y sus actores.
A continuación, una muestra de los logros que la ONU en México acompañó en 2022 junto a aliados en la agenda para promover la prosperidad e innovación.
© PNUD México
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaría de Igualdad de Género de Chiapas trabajaron con la comunidad maya tzotzil de Chuchiltón para fomentar la participación de las mujeres en el proceso de recuperación post COVID-19.
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Acciones para el desarrollo productivo inclusivo
Promover la resiliencia de mujeres maya tzotzil ante los impactos de la COVID-19
Esta iniciativa promovió una mejor seguridad alimentaria, salud financiera, entre otras herramientas para promover vidas libres de violencia. Asimismo, más de 600 personas servidoras públicas locales y estatales fueron capacitadas en materia de prevención de violencia de género para evitar la revictimización de las mujeres que buscan ejercer su derecho al acceso a la justicia.
Uno de los objetivos del proyecto fue dignificar la vida de las mujeres mexicanas que han resultado más vulnerables a los impactos post pandemia, sobre todo en el ámbito rural. Asimismo, promovió la autonomía y los derechos de las mujeres indígenas en Chiapas y contribuyó a una mejor recuperación de sus comunidades frente a la pandemia.
La iniciativa acompañó a las mujeres y niñas víctimas de violencia en la realización de actividades relacionadas con el ahorro, actividades productivas para mejorar sus impresos, así como trabajar en hortalizas comunitarias y en la cría de aves para fortalecer su seguridad alimentaria.
“Ya se firmó un acuerdo para que nosotros, también como mujeres indígenas, pudiéramos opinar, que veamos cuáles son nuestros derechos o hagamos lo que nos gusta”, explicó la lideresa comunitaria de la comunidad maya tzotzil, Micaela Gómez Núñez, una de 106 mujeres que consolidaron una red comunitaria.
Las mujeres indígenas de la comunidad Maya Tzotzil de Chuchiltón, en el estado de Chiapas, forman parte del 70% de la población indígena que vive en situación de pobreza en México. De esta población, en su mayoría son las mujeres las más afectadas por la pobreza multidimensional.
Como parte de las acciones del proyecto, se realizó un diagnóstico participativo en noviembre de 2021 con el fin de generar información primaria sobre las condiciones de acceso a la justicia ante la violencia contra las mujeres, vocaciones productivas y comportamientos financieros, así como aspectos de seguridad alimentaria de las mujeres y sus familias.
Gracias a lo aprendido en esta experiencia, las mujeres en Chuchiltón identifican distintos tipos de violencia y cuentan con liderazgo para defender o proteger a otras mujeres violentadas. Además, lograron ahorrar más de ciento quince mil pesos mexicanos (USD $5,750) y accedieron a préstamos para mejorar la salud de ellas y sus familias. También los hombres de la comunidad fueron involucrados para promover masculinidades positivas, no violentas y corresponsables.
"Este proyecto nos apoyó mucho porque ahora la comunidad tiene el compromiso de seguir con lo que firmamos y llevarlo a cabo",
Micaela Gómez Núñez, Lideresa comunitaria de la comunidad maya tzotzil.
© PNUD México
© PNUD México
Impulsar el empoderamiento económico de las mujeres con modelos innovadores de inclusión financiera y el programa Segunda Oportunidad
Mujeres de Jalisco, Puebla y el Estado de México fueron asesoradas y formadas en temas de educación financiera con perspectiva de género siguiendo la metodología del Modelo de Inclusión Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el marco del programa “Segunda Oportunidad” de la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres). Más de 240 mujeres participaron y fortalecieron su resiliencia y salud financiera, mejoraron sus hábitos de ahorro y sus comportamientos financieros.
Como parte de esta iniciativa, se generaron tres alianzas estratégicas con CONDUSEF, CONSAR y las cajas de ahorro alemanas Sparkassenstiftung, esta última proveyó de un simulador de ahorro, gracias al cual se generaron contenidos lúdicos de educación financiera. Por su parte con CONDUSEF y CONSAR se generaron webinars y asesorías para el uso de las herramientas como el comparador de crédito.
En México, la brecha de inclusión financiera entre hombres y mujeres es de 12.4%. Sin embargo, estas brechas aumentan si consideramos los tipos de localidad y los diferentes productos financieros. Por ejemplo, solo 2 de cada 10 mujeres que viven en zonas rurales cuentan con algún tipo de seguro, lo que las pone en una situación de mayor vulnerabilidad ante un evento inesperado, como lo fue la pandemia de la COVID-19. Esto refleja la situación de desigualdad y rezago a la que se enfrentan las mujeres en el sector financiero.
Una de las participantes expresó: “Aprendí a ahorrar de forma recurrente y que pueda tener utilidad de mi dinero, al hacer el presupuesto de mi negocio me doy cuenta de la realidad de lo que gano y lo que gasto.”
5,800 mujeres
se han graduado del Programa Segunda Oportunidad.
De las cuales:
20% continuó con sus estudios.
42% han emprendido un negocio.
12% han logrado emplearse.
El desplazamiento interno en México fue reconocido por el Gobierno de México en 2019. En ausencia de un marco jurídico especializado respecto al tema, el ACNUR y el Comité Internacional de la Cruz Roja desarrollaron un Manual sobre Desplazamiento Interno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para avanzar en una repuesta desde el Poder Judicial de la Federación.
Se trata del primero de su tipo a nivel regional e incluye los principales estándares y criterios jurisdiccionales de derecho comparado y de México relacionados con la protección efectiva y restitución de los derechos de las personas desplazadas internas.
El Manual ha sido utilizado como guía en decisiones jurisdiccionales en las cuales se otorgó por primera vez el amparo y protección en favor de personas desplazadas internas en Chihuahua, reconociéndoles el acceso a múltiples formas de protección, incluyendo la reparación integral y soluciones duraderas. También ha servido como base para que diversas personas desplazadas busquen la protección de sus derechos, como en Oaxaca.
"El Manual pretende darles a las personas juzgadoras las herramientas que permitan identificar, prevenir y eliminar las barreras que hay para el acceso a la justicia de las personas desplazadas internas, desde el momento que se genera el desplazamiento y hasta el alcance de una solución duradera", expresó Regina Castro Traulsen, la entonces Directora General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Brindar asistencia legal para personas desplazadas internas
Acciones para la inclusión laboral y protección derechos
Impulsar la inclusión laboral y el trabajo decente de personas en movilidad humana
Actualmente las personas migrantes internacionales representan alrededor de 3.6% de la población mundial y se estima que dos tercios de ellas son personas trabajadoras migrantes. Las y los trabajadores migrantes internacionales constituyen el 4.9% de la fuerza de trabajo en el mundo.
Conseguir trabajo decente puede ser un paso decisivo para lograr una integración social y económica sostenible para las personas en movilidad, a la vez que hace una contribución importante a la economía. Para apoyar este proceso, el programa “Ciudades: construcción de capacidades en Santiago de Chile y Ciudad de México” promovió el acceso a trabajo decente y medios de vida sostenibles.
Implementado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y financiado por el Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples para la Migración (MMPTF por sus siglas en inglés), el Programa Ciudades contó con la participación de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, así como la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, y organizaciones de la sociedad civil.
Mediante esta iniciativa se ha podido dar respuesta a uno de los retos más apremiantes en temas de migración, asilo, refugio e inclusión laboral, poniendo en el centro de las políticas locales la atención a las personas migrantes y refugiadas.
Una de las participantes en el Programa, Claudia, fundó la academia de danza Kachita en la Ciudad de México. Cuando llegó a México, de Cuba, se integró al Programa, donde le dieron las bases de cómo hacer un plan de negocio. “Para muchos es algo que quizás conocen, pero para mí, que estudié bachiller y soy bailarina, al llevar un negocio me volví consciente de la responsabilidad y de lo que podía aportarle a la sociedad”,explica Claudia, quien agrega que hoy, a través del arte, retribuye lo que ha aprendido en el Programa.
Esta generación de alianzas y articulación de esfuerzos multisectoriales dieron paso a la primera feria para la inclusión laboral de la Ciudad de México para personas en movilidad, en la que participaron más de 1,200 personas. Además, se instaló una mesa de integración local en la que participaron trece organizaciones del gobierno local, OSC y Naciones Unidas, ejercicio que permitió la elaboración de una ruta de empleabilidad que contribuye a la integración socioeconómica de personas migrantes y refugiadas.
© OIM
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con el apoyo de la Unión Europea, acompañaron un proceso integral de rehabilitación y modernización de las instalaciones y servicios prestados por el Servicio Nacional de Empleo en Chiapas. Con estas remodelaciones, se incrementó en un 80% la atención diaria, estimando 5,800 personas beneficiarias en el 2022.
Con este proyecto se ha iniciado brindar un mejor servicio de búsqueda de empleo a los solicitantes de asilo, personas refugiadas y miembros de la comunidad local. Las nuevas oficinas permitirán también mejorar los servicios de concertación empresarial para empresas interesadas en encontrar mano de obra. Dada la importancia de Tapachula como principal punto de entrada para personas en movilidad en México, y la presión que se ejerce sobre servicios públicos, con esta intervención se promoverán oportunidades de trabajo en la localidad.
“La intención de esta colaboración interinstitucional es fortalecer las capacidades institucionales a fin de mejorar, adaptar o crear políticas, programas y servicios necesarios para que las personas refugiadas y desplazadas tengan acceso al empleo, al autoempleo y a la protección social” explicó el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López.
Fortalecer capacidades del servicio de empleo para apoyar la integración socioeconómica
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) diseñaron unmodelo llamado “Promoción del enfoque de seguridad humana y juventudes”que promueve el enfoque de seguridad humana y juventudes, el cual se encuentra en fase de pilotaje en el Estado de Hidalgo y se espera culminar esta primera etapa durante 2023.
Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer y apoyar la capacidad de diseño e implementación de políticas públicas y programas del sector público y privado, la academia y la sociedad civil, a partir del enfoque de seguridad humana y de género. Asimismo, busca promover la protección, el empoderamiento y la inclusión económica de los jóvenes en situación de riesgo durante y después de la pandemia de la COVID-19 en determinadas zonas del estado de Hidalgo.
El proyecto ha logrado tener impacto en la política educativa del estado gracias a la formación de más de 5,600 docentes en un trayecto formativo con valor curricular, en más de 1,300 escuelas y para más de 120,000 estudiantes de los primeros tres grados de primaria. Los docentes cuentan con herramientas para fortalecer el desarrollo de habilidades básicas de lectura y escritura, además de materiales de trabajo y un acompañamiento cercano.
Además, ha generado alianzas clave con las instituciones estatales participantes, específicamente con la Secretaría de Educación y con el Instituto Natura, quien apoya el financiamiento de la iniciativa. En alianza con los gobiernos a nivel federal, incluyendo a la SRE y el IMJUVE, y a nivel estatal con la SEGOB, Secretaría de Economía, Instituto de la Juventud, Consejo Estatal de Población, así como con los trece municipios en donde se realiza la intervención.
Las acciones enfocadas en adolescentes reconocen las particularidades de este grupo de población y buscan dar respuesta a los principales desafíos que enfrentan. Gracias al proyecto, las juventudes han podido expresar sus necesidades, temores y anhelos y se han recopilado sus voces para informar el diseño de políticas públicas inclusivas.
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Promover la seguridad humana de las juventudes
© ONUDI México
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ACCIONES PARA FORTALECER EL ESTADO DERECHO EN BENEFICO DEL MEDIO AMBIENTE
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CONTRA DELITOS AMBIENTALES
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Las acciones de las Naciones Unidas en México sobre Prosperidad e Innovación contribuyen al cumplimiento de 14 Objetivos de Desarrollo Sostenible:
El año 2023 marca la revisión de medio término de la Agenda 2030. A 7 años de llegar al año 2030, la ONU en México está trabajando para acelerar acciones que contribuyan a recuperarnos de la pandemia de COVID-19 y a lograr los ODS, la hoja de ruta que la humanidad se trazó para poner fin a la pobreza en todas sus formas y alcanzar sociedades equitativas, inclusivas, justas, más resilientes y en paz, en un planeta sano y sostenible.
Para lograrlo, es fundamental trabajar en alianzas: gobierno, sociedad civil, sector privado, medios de comunicación, comunidades, defensores de derechos, academia, cooperación internacional, todos los actores necesitamos sumar esfuerzos para cumplir la promesa de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás, y con ello hacer una diferencia tangible en la vida de las personas y en el planeta.
© ONU México
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